Bush va a tener que cambiar una parte de su política antiterrorista a raíz del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el que afirma que el presidente norteamericano no tenía poderes para crear tribunales de militares para los detenidos de Guantánamo. Es el dictamen más importante sobre las competencias presidenciales desde hace más de 50 años y supone un revés a la forma de entender el terrorismo en Estados Unidos, país que ha considerado a los presos de Guantánamo combatientes enemigos (excluidos de la protección de las convenciones de Ginebra) y no terroristas o delincuentes.
La pregunta que surge tras este fallo es qué va a pasar ahora con los casi 500 presos detenidos en dicha cárcel cubana, que permanecen en este centro penitenciario desde 2001, tras los atentados del 11-S.
La Justicia dice que Bush se ha extralimitado y que optó por recluir a los presos al margen del derecho interno e internacional. La decisión del Tribunal Supremo representa, tal y como dice Amnistía Internacional, una victoria para los derechos humanos. Queda en el aire el posible cierre de Guantánamo y el comienzo de la celebración de unos juicios justos para los presos, algo que podría no ocurrir tal y como está regulado por ley, si el Congreso norteamericano autoriza los militares especiales.
Eso es lo que quiere Bush y eso es lo que va a pedir, aunque no reconoce como error haber limitado durante años los derechos de los acusados. Tampoco lo hizo cuando invadió Irak y el servicio de inteligencia anunció meses después de la invasión que no había armas de destrucción masiva.
El fallo del Tribunal Supremo es claro y contundente, lo mismo que debería ser la respuesta de Bush ante el dictamen.
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