El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma interrogó ayer al presidente y vicepresidente segundo de la sociedad propietaria de la Policlínica Miramar, los doctores Miquel Dalmau y Cristóbal Pizá, respectivamente, por la querella interpuesta por el vicepresidente primero de la entidad, Pau Ramis, que les acusa de un supuesto delito de apropiación indebida. Ambos son defendidos por el letrado Eduardo Valdivia. También declaró la testigo María del Rosario Palmer, que testificó a propuesta del abogado del querellante Fernando Mateas.
El doctor Ramis presentó la querella debido a que la sociedad AMEBA, propietaria de la Policlínica, le retuvo sus honorarios a partir de octubre de 2005. Miquel Dalmau, presidente del consejo de administración de AMEBA, declaró ante el juez que dio esa orden debido a que el doctor Ramis había cobrado a cuenta una cantidad cercana a los 900.000 euros, y que, en cambio, habían otros médicos que prestan servicios externos que llevaban medio año sin percibir cantidad de dinero alguna.
Según Dalmau, el doctor Ramis cobró 400.000 euros en 2004 y 500.000 en 2005 por los servicios prestados a clientes extranjeros (los nacionales pagan a través de las compañías aseguradoras). Cuando le exigió que devolviera el dinero, el doctor Ramis no puso ningún obstáculo, según Dalmau. Pero, como no lo hizo, ordenó que se suspendieran los pagos. Ante la evidencia del desfase en la contabilidad, el consejo de administración de AMEBA decidió nombrar un auditor el 28 de febrero para que determinara el origen de ese agujero, decisión que fue aceptada por el doctor Ramis, según Dalmau. Pero, en el primer día hábil de marzo, el doctor Ramis, que había dimitido del cargo de vocepresidente en diciembre de 2005, presentó la querella por el supuesto delito de apropiación indebida. Miquel Dalmau se negó a responder a las preguntas del letrado defensor de Pau Ramis.
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