El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones e inició la tramitación para
transferir las competencias de juventud a los consells insulars.
Con la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se fija
un tipo testimonial del 1 por ciento sobre el valor de la herencia,
en el caso de padres a hijos y cónyuge, mientras que las
donaciones, y también en el supuesto de padres a hijos y cónyuge,
se fija un tipo del 7 por ciento sobre el valor de la transmisión.
Con esta modificación, que ha sido anunciada en distintas ocasiones
por el conseller d'Economia, Lluís Ramis de Ayreflor, el Govern
dejará de ingresar el próximo año 47 millones de euros. Ramis de
Ayreflor reiteró que se trata de un impuesto injusto y que Balears
será una de las pocas comunidades que lo eliminará
parcialmente.
Asimismo, el Consell de Govern aprobó el traspaso de las
competencias de juventud a los consells insulars. La consellera de
Presidència, Rosa Puig, destacó que la reunión de la comisión que
debatirá estas transferencias se ha fijado para el 20 de abril y
comentó que la cantidad económica que se transfiere es mayor al
dinero que ahora gestiona el Govern para estas mismas competencias.
El Ejecutivo transferirá 2,8 millones al Consell de Mallorca,
796.457 al Consell de Menorca y 796.457 al Consell d'Eivissa i
Formentera.
Por otro lado, el Consell de Govern, a propuesta de la
Conselleria d'Immigració, ha aprobado la creación de la Agencia de
Cooperación Internacional, un organismo de colaboración e
intercambio con otras entidades públicas y privadas. Este organismo
se encargará de instruir y resolver las subvenciones y gestionar la
financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo de
acuerdo con la programación de la dirección general competente.
Entre otros asuntos, el Consell de Govern ratificó ayer la Mesa
General de Negociación para el desarrollo de la acción sindical de
las juntas de personal, comités de empresa, delegados de personal y
secciones sindicales en la Administración de la Comunitat Autònoma.
Este acuerdo representa una potenciación para que las
organizaciones sindicales puedan realizar su labor en el ámbito de
la función pública.
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