El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley del suelo, un
texto legal que estaba pendiente desde el año 1991, y que ha nacido
con una amplia participación tras aceptar el 80 por ciento de las
alegaciones presentadas por casi una veintena de entidades. Desde
que en 1991 el Tribunal Constitucional anuló la ley del suelo y
advirtió que se trataba de una competencia autonómica, el Govern
había sido incapaz de aprobar un texto legal de estas
características. De hecho, Balears era la única comunidad autónoma
que no disponía de una ley del suelo propia. Tras muchos meses de
consultas, el Consell de Govern dió ayer luz verde al proyecto
elaborado por la Conselleria d'Obres Públiques. El objetivo del
departamento que dirige la consellera Mabel Cabrer era que la ley
fuese lo más consensuada posible. En total se han presentado 400
alegaciones que, en opinión del Govern, han sido muy constructivas
y han supuesto «una mejora para el texto del proyecto de ley». El
Ejecutivo destaca la gran colaboración que han prestado el Consell
Insular de Mallorca y el Consell Insular d'Eivissa-Formentera en el
proceso de elaboración del proyecto de ley.
De todas las alegaciones se han aceptado el 80 por ciento de las
mismas. Esto implica, en opinión del Govern, que el documento llega
a su tramitación parlamentaria con un índice de participación muy
alto. La ley del suelo unifica todas las regulaciones sin alterar
sustancialmente los planteamientos actualmente en vigor. De esta
manera resultará mucho más sencillo su adaptación, según alega el
departamento que dirige Mabel Cabrer. Además, el documento
introduce autorizaciones judiciales en los usos excepcionales del
suelo rústico para que así los consells insulars tengan mayor
facilidad para evitar la indisciplina urbanística.
La figura del agente colaborador que incluye la ley se concibe
como un colaborador de los propietarios. De hecho, sólo actuará en
caso de que los mismos propietarios lo requieran y en cualquier
momento se puede subrogar. Una de las medidas más importantes que
contempla la ley del suelo está vinculada a las viviendas de
promoción oficial. El texto elaborado por Obres Públiques prevé que
el 30 por ciento de los nuevos suelos se destinen a vivienda de
protección pública, aunque quedan excluidos los municipios que no
superen los 3.000 habitantes.
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