M.Juncosa29/03/06 0:00
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El conseller de Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Ramis de Ayreflor, admitió ayer en comisión parlamentaria que conocía desde julio las denuncias del comité intercentros de Caixa de Balears Sa Nostra acerca de la remuneración del ex presidente Llorenç Huguet y otras cuestiones que no precisó, aunque afirmó que sólo decidió intervenir cuando «un órgano independiente», el comité de ética de la entidad, emitió un dictamen en el que denunció que un contrato de Huguet no había sido comunicado a la asamblea general, en contra de los estatutos. Ramis indicó que conoció ese dictamen el mismo día de las elecciones, el 13 de enero, momento en el que decidió intervenir «para evitar la división del consejo». Aseguró que desconocía el dictamen anterior del comité de ética, que a finales de octubre ya señalaba esa irregularidad, aunque la calificaba de subsanable.

Esta comunicación no se produjo en la asamblea general del mes de diciembre y generó un segundo dictamen, fechado el 12 de enero. Durante su explicación en el Parlament, Ramis recordó que el día de las elecciones acudió a la sede de Sa Nostra, donde se reunió primero de forma individualizada y después conjuntamente con los tres candidatos -Juan Morell, Margalida Barceló y Llorenç Huguet- a quienes solicitó su renuncia en beneficio de la estabilidad de la caja de ahorros. Ramis inició posteriormente una ronda de contactos con los vocales del consejo para buscar un candidato de consenso e indicó que el único que no generó ningún rechazo fue el actual presidente, Fernando Alzamora.

Respecto a su anuncio de que iba a investigar la actuación de los miembros del comité de ética realizado tras proclamar a Alzamora como candidato de consenso, Ramis matizó que se refería a que existían dudas acerca de si uno de los miembros debía haber abandonado su cargo tras la renovación parcial de la asamblea general de diciembre. El PSIB-PSOE y el PSM acusaron al conseller de intervenir tarde, mal y de forma excesiva en el proceso electoral y solicitaron la elaboración de una ley de cajas de ahorros autonómica con el objetivo de reducir su politización y para evitar que crisis como la sucedida en Sa Nostra vuelvan a repetirse en el futuro.