El comité de empresa de los trabajadores de la Administración de
Justicia en Balears denunció ayer ante la vicepresidenta del
Govern, Rosa Estaràs, la falta de seguridad en las sedes judiciales
de Balears. En el transcurso de una reunión celebrada en sa
Gerreria, los representantes de los trabajadores expresaron a
Estaràs «la gran preocupación» existente entre el personal laboral
por esa inseguridad de los edificios.
La vicepresidenta del Govern escuchó al colectivo de
trabajadores con el objetivo de terminar de perfilar la cuantía de
la dotación económica que exigirá al Gobierno central para asumir
las transferencias de Justicia. En principio, esa cifra superará
con creces los 60 millones de euros.
Estaràs ya se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa; el fiscal jefe,
Bartomeu Barceló; y el Colegio de Abogados. Próximamente, tiene
previsto intercambiar puntos de vista con los procuradores y la
junta de jueces.
Tras la reunión celebrada ayer, Estaràs admitió que hay un
déficit en materia de personal «importante», dijo, de acuerdo a lo
que le había transmitido el comité de empresa de los trabajadores
de la Administración de Justicia.
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