Govern, consells y ayuntamientos estarán obligados a destinar a la
compra de suelo o a actuaciones ambientales y patrimoniales todos
los recursos económicos que obtengan de las sanciones por urbanismo
ilegal. Es uno de los aspectos más novedosos del borrador de ley
del suelo que ayer presentó la consellera d'Obres Públiques, Mabel
Cabrer. En el caso de los ayuntamientos, deberán destinar a este
propósito al menos el 60 por ciento de sus ingresos.
El anteproyecto recoge la obligación de que el 30 por ciento del
nuevo suelo se destine a VPO, algo ya anunciado por la consellera.
Pero no es el único aspecto de la ley que pretende incidir en la
creación de suelo específico para vivienda protegida. La ley
faculta al Consell de Mallorca a ampliar del 7 por ciento al 10 por
ciento el límite de crecimiento que fija el Plan Territorial
siempre que este remanente sea para construir VPO. Esta medida
deberá aplicarse en colaboración con los ayuntamientos
afectados.
Otra de las novedades más significativas de la ley es la cesión
de competencias a los consells para que sean las instituciones
insulares quienes actúen de primera mano cuando se producen obras
ilegales. Para ello, la actual figura del interés general se
sustituye por las llamadas «autorizaciones territoriales», que
permitirán actuar a las instituciones en casos de indisciplina.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.