Torres Blasco19/01/06 0:00
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La consellera de Presidència, Rosa Puig -que gestiona en Balears las competencias en materia social- aseguró ayer que tomaba la palabra al ministro Caldera y esperaba que, finalmente, hubiera financiación para aplicar en las Islas la nueva Ley de Autonomía Personal y Dependencia.

Aunque la reunión continuaba a la hora de elaborar esta información, la consellera indicó que le parecía bien la información publicada, obtenida en el propio Ministerio, y que garantizaba que habría dinero para atender a las personas discapacitadas de las Islas, fueran 26.000 (como recoge el «Libro Blanco» que ha elaborado el Gobierno central) o 56.000, como defiende el Ejecutivo balear.

Este proyecto de ley prevé subvenciones para atender los derechos de las personas discapacitadas, las que no pueden valerse por sí mismas y de quienes las cuidan. Junto a representantes del resto de las comunidades, acudió al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para conocer el desarrollo de la ley.

El proyecto de ley, pactado con los sindicatos, establece la financiación al 50% entre la Administración Central y las comunidades, si bien también prevé la fórmula del «copago»; es decir, que las familias de las personas dependientes corran con parte de los gastos, en función de su renta. El PP mostró ayer su desacuerdo con esta fórmula.