P. Candia23/09/05 0:00
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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, admitió ayer que había votado «a favor» de la creación de un nuevo juzgado de violencia doméstica en Palma, «debido a que estamos asistiendo, cada vez con mayor dramatismo, a un sinfín de malos tratos en el ámbito familiar, por lo que ya es una lacra social».

Hernando se desplazó ayer a Palma para presidir la inauguración del I Congreso Nacional de Responsabilidad Civil en Balears que se celebra en la sede del Colegio de Abogados, junto a la vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, el delegado de Gobierno, Ramón Socías, el vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló y el decano del Colegio de Abogados, Joan Font.

El presidente del TS y del CGPJ se refirió a diversas cuestiones en la rueda de prensa que concedió al finalizar su intervención, entre ellas, el recurso que presentará el Partido Popular a los matrimonios homosexuales.

«Es un remedio que establece nuestro ordenamiento jurídico -dijo- para aquellos diputados y senadores que entiendan que una ley es inconstitucional y que pueden, por ello, someterla a decisión de instancias superiores».

«Yo creo que en esta discusión que se está planteando es bueno que el TC se pronuncie sobre un tema que es de discusión teórica y técnico-jurídica», añadió.

Hernando, en cambio, se negó a opinar «por moderación», dijo, sobre las competencias de los tribunales de justicia de cada comunidad en relación con el Tribunal Supremo.

«Es una de las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está pendiente del dictamen del Consejo General del Poder Judicial. No debo anticipar una opinión hasta que no la exprese dentro del CGPJ con ocasión de la discusión que tendremos», indicó.

Con respecto al cada vez más creciente número de asuntos que cada año entran las distintas Salas del Tribunal Supremo, Hernando afirmó: «Es un problema de ordenación procesal, que es diferente. El Supremo debe organizarse como máximo intérprete que es del ordenamiento jurídico y canalizar aquello que tenga verdaderamente interés casacional y que sea propio del Supremo», señaló.