EfeMadrid18/05/05 0:00
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El conseller de Educación, Francesc Fiol, expresó ayer su «disgusto» tras la reunión celebrada en el Ministerio de Educación sobre la futura Ley Orgánica de Educación (LOE), al considerar que a las autonomías se las escucha y da audiencia, pero a la vez tienen la impresión de que hay «una voluntad blindada de no ceder en las cuestiones que realmente» les separan con el Gobierno. Fiol hacía estas declaraciones tras asistir en el Ministerio de Educación a una reunión para presentar a las autonomías el primer borrador sobre la memoria económica que acompañará a la futura a la LOE, que se fundamentará en la corresponsabilidad entre las administraciones. El conseller mallorquín se mostró «disgustado» tras la reunión, a la que -dijo- se les había convocado con el objetivo de aproximar posturas sobre un texto definitivo de la LOE.

«Se nos da audiencia y se mantienen formalmente reuniones pero existe una voluntad blindada de no ceder» en las cuestiones sobre las que discrepan las distintas CCAA. Para Fiol, aunque a nivel de Comisión General de Educación «ha existido un buen nivel de acuerdo» y se han aproximado posiciones, «al final nos separan cuestiones esenciales, en las que no hay de momento un acuerdo, aunque no descarto que lo pueda haber».

«Veo con preocupación que esto pueda ir a sede parlamentaria consensuado», indicó Fiol para referirse a la LOE, quien citó, entre los temas en los que discrepan PP y PSOE, los porcentajes de la vertebración de los currículum, la libre elección de centro «que queda mal regulada», la necesidad de aprobar un mínimo de asignaturas para pasar de curso y «volver, en su conjunto, a lo que era un modelo de exigencia». Según Fiol, ese modelo «de dificultad» tenía como objetivo que el alumno se sacrificara para aprobar, dar autoridad al enseñante, la elección de director o la posibilidad de recuperar asignaturas en el verano, elemento que -a su juiciocontribuía a disminuir las tasas de fracaso escolar. Destacó que en ese debate se deberán tener en cuenta cuestiones como el nivel de inmigración en el ámbito educativo que soportan las distintas CCAA, que en el caso de Baleares cifró en el 11%, y requiere apoyo económico.