Torres Blasco18/05/05 0:00
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La nueva Ley para la Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (Leco) -que fija un régimen jurídico para la declaración, protección y conservación de espacios naturales- superó ayer su último trámite parlamentario y lo hizo con más apoyo del que cabía esperar cuando inició su tramitación. Hasta momentos antes de la votación estuvo el conseller Jaume Font (Medi Ambinet) reuniéndose con portavoces de los grupos para incorporar algunas de sus enmiendas. Pese a que el propio conseller admitió que los cambios no varían la filosofía de la ley, sí mostró su satisfacción por el apoyo parcial de los grupos, especialmente del PSOE. Ninguna de las enmiendas de Esquerra Unida-Els Verds fue aceptada. No se aceptó ninguna en la fase de comisión y ayer, en el pleno, no hubo ocasión para discutirlas. Un error formal de la diputada verde Margalida Rosselló (que olvidó un trámite parlamentario) impidió que pudieran ser debatidas y votadas. Aún así pudo intervenir.

La de Rosselló (consellera de Medi Ambient con el anterior Govern del Pacte) fue la más crítica de las intervenciones. El apoyo socialista se fundamentó en la supresión de la prevalencia del ordenamiento urbanístico sobre el medioambiental, la inclusión -para hábitats muy reducidos- de la «microrreserva» entre las figuras de protección, así como la introducción del concepto de «custodia territorial», que permite a un conjunto de propietarios organizarse para solicitar a la Administración la preservación de una zona y ayudas para su mantenimiento, según un modelo originado en Canadá. Lo que más destacó el conseller fue que esa ley nacía con el apoyo de los propietarios de fincas y que eso se había logrado gracias al talnte negociador del Govern. Fue un mensaje claramente dirigido al Pacte donde los propietarios de fincas (e incluso dirigentes del PSIB) cuestionaron algunas actuaciones de Rosselló cuando era consellera.

Las enmiendas aprobadas también supusieron modificaciones al alza en el régimen sancionador de la Ley, que prevé la imposición de multas desde los 100 hasta los 450.000 euros para castigar las acciones perjudiciales para el medio ambiente. Además, las personas que obtengan un beneficio económico de infracciones graves o muy graves pueden ser sancionadas con el pago del 120 por ciento de las ganancias ilícitas obtenidas, lo que se puede sumar a la multa que le haya sido impuesta. El debate y votación de la Leco fue el punto más destacado de la sesión plenaria que ayer celebró la Cámara y que desarrolló en un clima mucho más tranquilo que en sesiones anteriores.