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El cambio de criterio de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sobre la imputación de los aforados, no divide exclusivamente a los juristas. También a los partidos. Hay dos polos en esta polémica. Para los socialistas, por ejemplo, adjudicar a los jueces de instrucción la decisión de decidir, o no, en primera instancia si «hay materia» contra un parlamentario, abre el paso a una mayor «judicialización» de la vida política.

UM, en el otro lado, entiende que el TSJB debería reservarse exclusivamente para declaraciones vertidas en sede parlamentaria. El PP, PSM y EU evitaron una valoración en profundidad sobre el cambio de criterio aludiendo a diferentes motivaciones.

El cambio de criterio, tal como informaba este periódico el pasado domingo, se tomó a raíz de la querella criminal presentada contra el diputado autonómico del PP, Joan Font, por un artículo publicado en el diario «El Mundo». En su artículo 23, el Estatut d'Autonomia señala que «en todo caso» la inculpación de un diputado corresponde al TSJB.