A finales de este mes se presentará en la Audiencia Nacional, en
Madrid, una querella criminal contra los crímenes de nueve
españoles cometidos en Ruanda entre 1994 y 2000, presentada por el
Foro por la Verdad y la Justicia en el Àfrica de los Grandes Lagos.
Esta querella ha sido posible, en parte, gracias a la contribución
de Balears que, a través del Fons Mallorquí de Solidaritat y del
Govern balear, concedió a la Fundació S'Olivar (cuyo responsable es
el candidato al Nobel de la Paz residente en Mallorca, Joan
Carrero) un total de 228.384 euros para impulsar esta iniciativa
legal contra los autores ruandeses de crímenes masivos contra la
humanidad.
En esta querella se pide que salga a la luz la verdad de los
asesinatos de estos nueve españoles (en realidad fueron once, pero
sobre dos de ellos no existen datos, tan sólo sospechosos
accidentes) y se aboga por el diálogo. De los nueve se aportan
pruebas después de tres años y medio de investigación con
testimonios de testigos (hasta ahora protegidos) que apuntan con el
dedo a altos cargos del Frente Patriótico Ruandés (tutsi,
actualmente en el Gobierno).
En efecto, el juez galo Jean Louis Bruguière hizo público hace
casi un año un informe en el que acusaba, gracias a las
declaraciones de testigos capitales localizados por la Fundació
S'Olivar y Drets Humans de Mallorca, que el FPR era el culpable de
los atentados del 6 de abril de 1994, en el que se derribó el avión
en que viajaban los presidentes hutus de Ruanda y Burundi, además
de varios pilotos franceses, y que dio paso al genocidio en la zona
de los Grandes Lagos, el mayor desde la segunda guerra mundial.
En principio, se acusó a los extremistas hutus de perpetrar el
atentado, pero las nuevas pruebas indicaban que no fue así, sino
que el ataque fue ordenado por el actual presidente del país, Paul
Kagame.
Uno de los testigos localizados, el militar Abdul Ruzibiza,
escondido hasta que llegue el momento de declarar ante la Audiencia
Nacional por la querella española, estuvo en la milicia Network, la
que ejecutó físicamente el lanzamiento de proyectiles que
derribaron al avión y el asesinó a misioneros y médicos españoles.
Es un testimonio clave en este proceso y su declaración ha
comenzado a cambiar la moderna historia de los Grandes Lagos.
El día que se presente la querella estarán presentes algunos
cooperantes compañeros de los tres doctores de Médicos del Mundo
asesinados, así como familiares, probablemente la congresista
americana Cynthia McKinney y un autocar de ruandeses en el exilio
residentes en Bélgica.
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