Un presunto fraude alimentario

De momento ni siquiera están claros los datos relativos a este confuso caso. De las ocho granjas inmovilizadas en un principio por sospecharse en ellas el uso de un antibiótico prohibido, algunas ya han recuperado la actividad normal mientras en otras se realizan análisis que puedan confirmar o desmentir la presencia de cloranfenicol.

Tampoco tiene demasiado claras la ciudadanía cuáles serían las consecuencias de la ingestión de este fármaco, aunque no parecen graves. En todo el affaire, la actuación del Govern ha sido irreprochable, salvo quizá la tardanza en informar de los dos primeros casos. Una información a tiempo podría haber desactivado cualquier escándalo.

Ahora nos encontramos una batalla de declaraciones entre Govern balear y la Delegación del Gobierno con ataques y defensas sobre quién informó a quién, cuándo y cómo. Es difícil de aceptar que la Guardia Civil realice un informe sobre un asunto grave y lo entregue a la Fiscalía sin que el delegado del Gobierno, máximo responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, esté enterado, máxime cuando todavía no se había producido una actuación judicial. Ramon Socías, o su sustituto, si estaba de vacaciones, debía estar al tanto de la investigación de la Benemérita y, por lealtad institucional, debía haber informado a la comisión de seguimiento del Govern, en la que tiene un representante.

Lamentablemente, no ha sido así y un asunto de gran trascendencia ha derivado en un conflicto entre instituciones de distinto color político.