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La Conselleria de Medi Ambient ha autorizado 894 pozos en casas de suelo rústico de Mallorca desde que, hace un año, levantara la moratoria. Cabe destacar que, además de estas 894 autorizaciones, la Conselleria está tramitando otras 118. Estos pozos para viviendas unifamiliares en suelo rústico tienen permitida, cada uno, una extracción máxima de 200 metros cúbicos anuales, por lo que el caudal autorizado suma 178.800 metros cúbicos al año. Así, desde el levantamiento de la moratoria de pozos, en Mallorca se han solicitado más de mil autorizaciones y 35 concesiones de extracciones de agua. La diferencia entre unas y otras radica en que las autorizaciones sólo permiten extracciones inferiores a 7.000 metros cúbicos anuales con una vigencia de un año prorrogable durante seis meses, mientras que las concesiones pueden superar esas 7 toneladas anuales.

Como se puede observar, casi todas las solicitudes de autorización de pozos se refieren a abastecimiento de agua a una vivienda familiar de suelo rústico, mientras que sólo 145 piden un regadío agrícola. De las 35 peticiones de concesión, de momento sólo se han resuelto tres: dos para regadío y una para abastecimiento de una comunidad de propietarios. La gran diferencia en el número de solicitudes para autorización o concesión tiene una explicación. Normalmente, el interesado pide de forma inicial una autorización porque su procedimiento permite comprobar si existe un caudal suficiente de agua para sus necesidades. Una vez comprobado que es así, el interesado solicitará una concesión, que permite una mayor extracción sin el límite de un año prorrogable durante seis meses. Es decir, la verdadera intención de los casi mil solicitantes de una autorización es tramitar posteriormente y conseguir finalmente una concesión.

La moratoria de pozos en 15 de los 21 acuíferos de Mallorca fue ordenada en el año 2000, en plena sequía, con Margalida Rosselló como consellera de Medi Ambient del Govern del Pacte de Progrés. El objetivo de la medida era no extraer más recursos hídricos en esos acuíferos ante el riesgo de salinizarlos o dificultar su recuperación por sobreexplotación. En 2003, esa medida fue flexibilizada y se permitió la perforación de nuevos pozos, siempre y cuando el volumen de extracciones en el acuífero correspondiente no se incrementase. Así, si un ayuntamiento compraba agua a pozos particulares podía iniciar otras perforaciones si dejaba de adquirir los recursos de los primeros. Por otro lado, los derechos sobre un determinado volumen de agua se podían repartir entre vecinos, a través de una comunidad de usuarios, si las extracciones autorizadas sobrepasaban las necesidades del concesionario del pozo. También se permitía el uso de aguas subterráneas saladas para sustituir, en usos recreativos, el de recursos potables. Con el Govern del PP, con Jaume Font como conseller de Medi Ambient, la moratoria fue levantada, pero con las limitaciones del Pla Hidrològic. Pese a las numerosas solicitudes, se considera que las autorizaciones o concesiones finalmente aprobadas supondrán un aprovechamiento global de algo más de 200.000 metros cúbicos, cantidad, que en el conjunto del consumo de agua en Mallorca, sería relativamente baja.