La consellera balear de Salut, Aina Castillo, afirmó ayer que el
plan de política farmacéutica que el Ejecutivo central aprobará
antes de 2005 supondrá para el Govern la pérdida de 3,4 millones de
euros en dos años, puesto que suprimirá el sistema de precios
máximos de referencia de los medicamentos.
Castillo comentó que la ministra de Sanidad, Elena Salgado,
presentó el contenido de este plan en la Conferencia Interregional
del Sistema Nacional de Salud celebrada el miércoles en Santiago de
Compostela, sin permitir que los representantes de las comunidades
pudieran debatir sobre las medidas que recoge.
La consellera balear señaló que el sistema actual, aprobado en
enero de 2004 por el Gobierno central del PP, supondrían un ahorro
de 19 millones de euros en 2005 y 2006, mientras que las rebajas
sobre el precio de los medicamentos descritas por en el nuevo plan
de Sanidad sólo permitirán que se dejen de desembolsar 15,6
millones de euros.
Castillo precisó que los cálculos de la Conselleria de Salut
estiman que los precios de referencia, que durante este año ya han
supuesto una disminución del gasto cercano al 5 por ciento, tendrán
como consecuencia el ahorro de 6,4 millones de euros en 2005 y de
12,6 millones en 2006.
El proyecto del Gobierno central pospone la aplicación de este
sistema aunque introduce unas rebajas del 4 y el 2 por ciento en
los medicamentos para 2005 y 2006, respectivamente, lo que sólo
supondrá un ahorro de 5,9 millones de euros para el primer año y de
9,7 millones para el segundo.
La consellera de Salut también cuestionó que en la reunión no se
hubiera analizado cómo puede contribuir el Gobierno central a la
financiación de las comunidades en la reducción de las listas de
espera sanitarias y que las iniciativas del Ministerio se limiten a
la constitución de un grupo de expertos que permita a las
autonomías intercambiar experiencias.
Por otra parte, Castillo solicitó a la ministra del ramo que
dialogue con el sector tabaquero el contenido de la ley que prepara
para su regulación y así evitar el establecimiento de condiciones
demasiado gravosas que conduzcan a la imposibilidad de aplicación
de la normativa.
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