La sede del Centro Gallego de Mallorca en Can Pastilla sufre graves desperfectos

El Centro Gallego de Mallorca, que está compuesto por unas 400 personas, ha desahuciado al empresario que explotaba, a través de la sociedad Arcandol, el restaurante y las habitaciones, destinadas a acoger a inmigrantes gallegos, del edificio situado en la calle Singladura, en Can Pastilla. Una comisión judicial ocupó a principios de mes el edificio y se descubrió que se habían producido graves desperfectos en las habitaciones, en la cocina y en el comedor. Además, según señaló un miembro de la junta, el edificio estaba lleno de suciedad y precisa de una profunda rehabilitación. Este conflicto entre el Centro Gallego de Mallorca y el empresario al que le cedieron la explotación del edificio no es nuevo. Desde hace más de un año no se pagaba el alquiler, y además por falta de pago también se cortaron los suministros de agua, gas y electricidad. Ahora tendrá que ser la junta directiva de esta asociación regional la que tiene que pagar estos recibos pendientes, que suman unos 15 mil euros.

Además, tendrán que afrontar una profunda reforma del edificio, ya que son tantos los destrozos y la suciedad acumulada, que es imposible reiniciar la explotación del restaurante y de las habitaciones. Se da la circunstancia que el empresario que explotaba este negocio vendió la sociedad a otra persona. Esta venta se produjo cuando ya se había iniciado el procedimiento de desahucio por falta de pago. La persona que adquirió esta empresa, Bartolomé Binimelis, ha responsabilizado de esta situación, no al empresario que le vendió la sociedad, sino al presidente del centro regional. La junta directiva denunció que Binimelis dejó encerradas a cinco personas en el edificio. El empresario fue detenido por la policía, aunque él niega que encerrara a estas personas. Este caso fue denunciado y está pendiente de juicio. Binimelis ha dirigido un escrito al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, denunciándole que la situación de abandono de este centro de acogida de inmigrantes gallegos es culpa del presidente del centro regional. Afirma este empresario, que sólo ha tenido tiempo de explotar el negocio los últimos dos meses, que no se le permitió recuperar algunos objetos que eran suyos. Ha pedido a Fraga que intervenga en el conflicto.