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Sobre el Plan Estratégico de Política Farmacéutica, que el actual Gobierno se propone que sea aprobado en enero y entre en vigor dos meses después, lo primero que hay que decir es que supone un giro total a la política que en la materia mantenía el PP. Letra pequeña aparte, lo que pretende el Gobierno es reducir la fabulosa factura pública en farmacia, estando previsto que en este sentido se ahorren nada menos que 420 millones de euros. Para ello se rebajará el precio de unos 5.000 fármacos en un 4% en 2005, y un 2% más al año siguiente. Los medicamentos que verán abaratado su precio son básicamente aquellos que llevan más de un año en el mercado y no están sujetos al actual sistema de precios de referencia, lo que supone en la práctica casi la mitad de los que hoy están financiados con dinero público. Otra medida que parece inicialmente de especial interés es la que establece que cuando salga un nuevo fármaco la sanidad pública lo financiará únicamente si aporta alguna novedad terapéutica importante, o si es más barato que el ya existente en el mercado, persiguiéndose así acabar con un sinfín de específicos superfluos sometidos a una especie de moda absurda. Estamos, pues, ante un plan que intenta racionalizar una política farmacéutica hasta ahora diseñada un tanto a tontas y a locas. Ejemplo de ello lo constituiría ese descuento en la ganancia -actualmente del 9,6%- debido a la necesidad de aproximarla a la de los países de nuestro entorno, hoy sensiblemente inferior. Naturalmente, habrá que esperar a la entrada en vigor de estas medidas para valorar sus resultados, no obstante, tanto por su práctica sencillez, como por el mayor control que existirá del gasto farmacéutico, con una mayor participación de las autonomías en la elaboración de la política al respecto, cabe ser medianamente optimista. Al fin y al cabo, se trataría de acabar con esa condena que lleva al ciudadano a pagar unos medicamentos carísimos.