El Gobierno central no contempla incrementar la financiación de
la sanidad balear con el nuevo Régimen Especial, amparándose en un
informe de 2003 que considera válido el acuerdo de financiación del
año 2001. Sin embargo, estas evaluaciones se nos antojan, cuando
menos, poco próximas a la realidad. Balears ha ido incrementando su
población, básicamente debido a los inmigrantes, a los que, como es
lógico, hay que prestarles asistencia sanitaria sea cual sea su
situación legal. Madrid, para empezar, parece no tener en cuenta
este hecho, que ha modificado sustancialmente el mapa demográfico
de las Islas.
Es un hecho evidente, además, que la situación de la atención
sanitaria en Balears era bastante deficiente, y no porque los
profesionales no fuera competentes, sino por la carencia de medios
materiales y humanos suficientes para un correcto funcionamiento de
la misma.
En otras comunidades se ha apuntado como posible mecanismo de
financiación la aportación de cantidades simbólicas por parte de
los usuarios, pero no debemos olvidar que eso sería volver a pagar
por un servicio que ya se ha cobrado y no a un precio muy bajo
precisamente. Pero éste no es, por el momento, el caso de nuestra
Comunitat Autònoma.
Si a la negativa a aumentar el dinero para la sanidad balear se
sumara una mayor financiación para otras autonomías, el agravio
comparativo sería un insulto intolerable, aunque por ahora esto no
se ha producido. Y no sería bueno en absoluto que primaran los
intereses partidistas en un caso como éste. De hecho, lo más
necesario para que los ciudadanos de Balears no padezcan una
situación absolutamente injusta es que Govern balear y Gobierno
central lleguen a un acuerdo para que la atención médica sea
moderna, eficaz y rápida.
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