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J.T.B./N.D.
El Ministerio de Defensa no tiene «ninguna constancia» de la propuesta que formuló el lunes la consellera d'Obres Publiques del Govern, Mabel Cabrer: comprar los terrenos militares de Son Busquets para construir 1.200 viviendas. Según un portavoz del Ministerio, el director general de Infraestructuras Joan Mesquida -que ayer participó en una de las sesiones del Congreso de Medio Ambiente- no ha recibido ninguna propuesta concreta del Govern balear. La portavoz destacó que «el procedimiento normal» es que el los gobiernos o ayuntamientos hagan una propuesta concreta y que luego se estudie.

Sin embargo, los representantes del PSM en el Ajuntament de Palma no tienen la misma postura que el concejal d'Habitatge. Maria Costa, concejala de esta formación política, lamentó que Cort se haya quedado sin un metro de suelo por su convenio para la fachada marítima y ahora deje pasar la oportunidad de conseguir esta importante reserva. Costa se preguntó para qué quiere el Ajuntament una concejalía de vivienda si no tiene suelo disponible y recordó que Cort ya ha pedido al Ministerio los solares.

La citada portavoz señaló que tanto Defensa como Vivienda tienen entre sus prioridades facilitar suelo público para viviendas de protección oficial, «tal como prometió el presidente Rodríguez Zapatero». Sobre la propuesta concreta del Govern, presentada junto al Consistorio de Palma, señaló que no podía dar ninguna respuesta, tampoco sobre la cantidad que está dispuesto a pagar: 23,2 millones de euros. «El Ministerio no especula con terrenos», precisó la citada fuente que, sin embargo, recordó que el presupuesto del departamento prevé la financiación por la venta de inmuebles. En un primer momento, Cort había solicitado los terrenos gratis. Por su parte, el teniente de alcalde d'Habitatge del Ajuntament de Palma, José Manuel Sierra, aseguró ayer que la oferta económica para la adquisición de los terrenos la realizará el Govern, ante las dificultades presupuestarias del Ajuntament de Palma, que en ningún caso podría hacer frente al pago de los más de 20 millones de euros que ha ofrecido la consellera Cabrer. Serra aclaró, no obstante, que se pretende que la operación de compraventa la firmen finalmente las tres administraciones, es decir, Cort, Govern y Ministerio de Defensa.