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JOSEP M. AGUILÓ / P. CANDIA
El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, el magistrado Joan Catany, ha confirmado, «en su integridad», la sentencia previa en la que se condenaba al teniente de alcalde de Medi Ambient del Ajuntament de Palma y presidente de Emaya, el popular Antoni Nadal, a pagar 10 euros diarios durante 20 días «como autor directo de una falta de coacciones» por haber dejado sin suministro de agua a una inquilina que vivía en un ático de su propiedad «sin que hubiera razón aparente para ello».

Tanto Cirer como Nadal declinaron ayer hacer declaraciones, si bien se prevé que, en principio, la alcaldesa de Palma haga hoy viernes una primera valoración sobre la sentencia de la Audiencia Provincial y sobre sus posibles repercusiones políticas inmediatas en el Consistorio.

El fallo primero fue dictado por el juez Juan Manuel Sobrino, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, el pasado 23 de junio, y recurrido por el propio Nadal días después, el pasado 6 de julio. Con la decisión de la Audiencia Provincial, ya no cabe la posibilidad de recurrir la sentencia ante una instancia judicial superior, por lo que dicha sentencia es firme en todos sus pronunciamientos.

Cabe recordar que la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, confirmó el pasado 10 de septiembre a los portavoces de la oposición, Antoni Roig por el PSOE, Eberhard Grosske por EU-EV y Pere Muñoz por el PSM-EN, que Nadal dimitiría de todos sus cargos en el Consistorio palmesano cuando hubiese una sentencia firme contra él.

Por su parte, Roig, Grosske y Muñoz se reafirmaron entonces en su tesis de que Nadal debería haber dimitido desde un principio, «asumiendo sus responsabilidades políticas».

Por su parte, el abogado de la defensa, Pablo Martín, consideró ayer que el fallo era «acertado», aunque lamentó que no se hubiese condenado a Nadal a «pagar también las costas». Por último, señaló que los representantes políticos deberían tener siempre «una actitud recta en el desempeño de sus funciones».

Los tres partidos de la oposición municipal pidieron por primera vez la «dimisión inmediata» de Nadal el pasado 4 de agosto, «por haber mentido al juez, a la oposición, a los medios de comunicación y a los ciudadanos». Según la oposición, Nadal habría mentido al afirmar que no sabía que en su piso vivía una persona cuando ordenó cortar el agua. La petición de dimisión fue reiterada cuando los portavoces de la oposición se reunieron con Cirer el 10 de septiembre.

Nadal dijo el pasado mes de julio que había sido condenado como ciudadano y no como político, si bien el fallo citado recordaba en los razonamientos jurídicos que «el denunciado es el actual presidente de Emaya».

El teniente de alcalde explicó lo que serían los antecedentes del caso. En este sentido, Nadal indicó que, hace varios años, él y su anterior esposa entraron en litigio por divergencias acerca de cuándo debería abandonar ella el piso en el que ambos habían convivido, que era propiedad de Nadal. Mientras no estuvo resuelto el caso judicialmente, su ex esposa alquiló dicha vivienda.