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Parece que el Gobierno Zapatero le ha cogido gusto a eso de lanzar globos sonda -normalmente bastante polémicos- para enseguida dar marcha atrás y contradecirse unos ministros a otros. Por eso hay que coger con alfileres la última cruzada del Ejecutivo socialista, anunciando una «hoja de ruta» para remodelar las relaciones institucionales entre la Iglesia y el Estado. Probablemente en los próximos días se suavizarán muchas de las cosas que se están diciendo ahora, pero lo cierto es que el asunto es espinoso y da para muchas tertulias.

Estrictamente hablando, España es un país laico desde que así lo proclamara la Constitución de 1978. Sin embargo, a nadie se le escapa el enorme poder que todavía ostenta la Iglesia y su inmensa imbricación en la sociedad española, fruto de décadas de dominación.

Hoy España es muy distinta de aquella de los años de la dictadura y seguramente lo que Zapatero pretende es adecuar la legislación a una realidad que cambia a velocidades pasmosas, pero tampoco conviene precipitarse.

Si las leyes del divorcio, el aborto, los matrimonios homosexuales, la eutanasia y demás van saliendo adelante será porque la sociedad así lo demanda y la Iglesia católica -como las demás- tendrá que aconsejar a sus fieles en consonancia con sus creencias, pero acatando la legalidad vigente. Si en el futuro se van recortando las subvenciones que todavía hoy recibe la Iglesia deberá ser de forma paulativa para no causar un daño irreversible y siempre contando con el diálogo entre los afectados. No olvidemos que, aún hoy, nuestro país es mayoritariamente católico, aunque poco practicante. Romper una situación tan históricamente arraigada a golpe de decreto no es aconsejable.