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La Confederación General de Trabajadores (CGT) calificó de «represivos» los criterios anunciados recientemente por el Gobierno para la regularización de los inmigrantes porque, a su juicio, las «supuestas ventajas» ofrecidas en el acceso a la vivienda y al trabajo son una «forma de control de los flujos migratorios» en lugar de servir como modo de dotar a personas extranjeras de los mismos derechos de los que gozan los empresarios y los demás trabajadores.

Según Josep Juárez, las medidas propuestas provocarán un «mayor control de los inmigrantes empadronados» y añadió que el nuevo reglamento no acabará con la «grave» situación en la que se encuentran los inmigrantes que llegan a España con la intención de «salir de la miseria y de las desigualdades en las que malviven en sus lugares de origen, y lamentó que los inmigrantes prestan su mano de obra a cambio de «ningún derecho sindical, social ni político», y dijo que los empresarios «se dedican a llevar a cabo prácticas mafiosas que sólo perjudican a estas personas».