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Las nuevas y severas normas de seguridad e identificación de pasajeros en el tráfico aéreo han sido aplicadas en su máximo rigor en Palma.

La juez sustituta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, María del Carmen de Vivero, ha confirmado una sanción de 6.000 euros impuesta por la Delegación de Gobierno en Balears a una compañía aérea por permitir embarcar a una extranjera sin el correspondiente visado de entrada en España.

La empresa de aviación alegó en su descargo la «falta de tipicidad de los hechos sancionados y la inexistencia de culpa o dolo».

Sin embargo, la juez, en la sentencia, recuerda que una de las obligaciones de la empresa de transporte o transportista, es «realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes».