El GOB reclama la transferencia de las competencias sobre costas

En este sentido, el dirigente ecologista consideró que sería mucho más lógico que estas competencias fueran transferidas al tratarse de «una de las principales herramientas que tendrían las administraciones de las Illes Balears a la hora de definir políticas económicas y de sostenibilidad medioambiental», y aseguró que «con eso se evitarían muchos de los abusos sobre concesiones públicas que ahora se registran».

March calificó de «muy buena» la Ley de Costas promulgada en 1988, sin embargo denunció que su «falta de aplicación» -como reflejaba un reportaje publicado ayer por este diario- hace que «de hecho» tengamos que regirnos en muchos casos «por el anterior texto, una normativa preconstitucional e insuficiente».

Una de las principales agresiones que sufre nuestro litoral, en opinión del GOB, es «la ausencia de delimitación efectiva del dominio público, de sus servidumbres de tránsito y protección, en gran parte de la costa de las Islas». March opinó que «no tiene sentido que dieciséis años después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Costas todavía no se hayan establecido las demarcaciones entre lo que es público y lo que es privado».

«Esperamos que el nuevo Gobierno del Estado se muestre dispuesto a desarrollar esta normativa y a combatir los incumplimientos flagrantes que se registran sobre las concesiones, que van desde excesos cuantitativos en los elementos que se instalan en las playas hasta las ubicaciones de chiringuitos y piscinas en ámbitos públicos sin ningún tipo de justificació», dijo el portavoz del GOB.