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PAULA PASCUAL
¿De quién es la costa? La respuesta es clara: de todo el mundo. Pero... ¿por qué paseamos por el litoral y encontramos muros que impiden nuestro paso? ¿Por qué nos llaman la atención si nos ponemos a tomar el sol sobre un terraplén que, en teoría, es «privado»? Ejemplos como éstos son frecuentes. La Administración ha dejado construir durante años en la franja costera sin ningún tipo de miramiento. Las edificaciones resultantes contradicen la Ley de Costas de 1988 hecha, precisamente, para solucionar la degradación y la congestión del litoral. La ley ha servido de muy poco.

Según la Ley de Costas, el litoral marítimo es de dominio público, es decir, un espacio abierto a todo el mundo. Accidentes geográficos al margen, tendríamos que poder dar la vuelta a toda la costa española a pie. Seis metros, como marca la ley, nos amparan para poder caminar libremente por el litoral, sin embargo la realidad no es así.

Durante años, Demarcación de Costas, dependiendo del Gobierno español, concedió muchos permisos para poder construir junto al mar. En Baleares hay registradas actualmente unas 1.750 concesiones, la mayoría muy antiguas. La cifra es «normal», si se considera que los 1.330 kilómetros de costa balear representan una octava parte del total de todo el Estado.

Antes de 1988, fecha de la entrada en vigor de la Ley, las concesiones podían ser públicas o privadas, para puertos deportivos, por ejemplo, o para el disfrute particular, como solariums, piscinas, escars, varaderos...

Las cosas cambiaron a partir de la nueva Ley, que se propuso poner fin al desbarajuste de permisos, y estableció que todas las concesiones que se dieran a partir de la promulgación de la normativa tenían que tener carácter público. Así, sólo podrían establecerse en la costa instalaciones o actividades que prestasen un servicio público que hiciera necesaria la ocupación de la costa como, por ejemplo, una escalera de acceso al mar.

Pero la nueva ley quiso ir más allá. Especificó que las obras sin autorización realizadas con anterioridad a la normativa serían derribadas si no fueran declaradas de interés público y, si fueran legales, serían revisadas para interés público.

Esta revisión tenía que estar acabada antes de 1990, sin embargo 16 años después todavía está pendiente de hacerse. Nadie sabe explicar por qué este trabajo no se ha hecho.

Esta dejadez se repite también en lo que concierne a la delimitación de la costa. Todavía hay zonas del litoral balear que no están demarcadas.

En todas las islas se registraron protestas de diversa intensidad a causa de los deslindes.