01/05/04 0:00
TW
0

S.C./EFE
La decisión del Consejo de Ministros de posponer el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y la supresión de los itinerarios, la obligatoriedad de la asignatura de Religión y la Reválida y la recuperación del carácter educativo de toda la educación infantil, ha sido recibida con disparidad de criterios por parte del sector educativo de las Islas, incluido el Govern balear. El portavoz del Govern, Joan Flaquer, dijo ayer que el Ejecutivo autonómico «cree en el espíritu y en la filosofía de la LOCE» por lo que anunció que la seguirá aplicando «mientras no entre en colisión con normas superiores» del nuevo Gabinete central y añadió que «el Govern seguirá practicando su política educativa, que es la que cree más oportuna y correcta, siempre que no suponga una conducta de rebeldía», apostilló el portavoz del Govern.

Sin embargo el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament Intersindical de les Illes Balears (STEI-i) valoró ayer el aplazamiento de la aplicación del calendario de la LOCE con «satisfacción», en palabras de su secretario de Organización, Gabriel Caldentey, quien explicó que la «mal llamada Ley de Calidad pretendía segregar el alumnado, menospreciaba el valor educativo de la educación infantil como un conjunto, no permitía la opción no confesional ante la religión y atacaba el principio de enseñanza laica y científica» y se reafirman en la petición de la derogación completa de la Ley.

Para Fernando Martín, presidente de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Mallorca, la noticia es «positiva» y «satisfactoria» ya que tanto el nuevo presidente del Gobierno como la ministra han anunciado que su intención es «consensuar al máximo las nuevas medidas a aplicar» lo que, según Martín es de «agradecer» ya que el anterior Gobierno «hizo todo lo contrario, no escuchó las voces discrepantes ni las sugerencias». No opina lo mismo Marc González, asesor jurídico y portavoz de la patronal católica en las Islas, quien lamenta la decisión del Gobierno de Zapatero que consideran «precipitada» y que, según González supondrá un «coste muy importante para el sistema educativo», desde los propios centros escolares hasta las editoriales que ya tenían todo el material preparado o como mínimo «en marcha» para el próximo curso escolar.