TW
0

La comunidad musulmana residente en Mallorca ha mostrado su apoyo «total» al argelino Ahmed Brahim, ex vecino de Palma, detenido desde hace casi dos años en Madrid, por su supuesta vinculación a la banda terrorista Al Qaeda, al solicitar al juez en un escrito con 600 firmas que decrete su libertad. «Es una injusticia que Ahmed Brahim siga en la cárcel», manifestaron a Ultima Horalos representantes del colectivo de musulmanes. «Creemos en su inocencia y por eso estamos con él. Ser musulmán no es sinónimo de terrorista», dijo el portavoz del colectivo.

Brahim está acusado de colaboración con banda armada y durante 8 meses permaneció en régimen de FIES (aislamiento) en la cárcel de Soto del Real. Ha sido trasladado a Alcalá Meco, pero sigue viviendo «una auténtica pesadilla», según afirma su mujer, Pyrja. «Ahmed no ha hecho nada de lo que le acusan y es increíble que pese a no haber pruebas contra él siga detenido», señaló.

Su abogado, por otra parte, explica que existen muchas «lagunas» en el procedimiento judicial seguido contra su cliente debido a que la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para probar su supuesta conexión con un terrorista, autor de los atentados a la embajada estadounidense en Tanzania, «no llegó a ninguna conclusión en ese sentido», según el letrado. «Vamos a presentar recursos ante la Comisión de Derechos Humanos en el Consejo de Europa y la Comisión de la ONU en Ginebra; además instaremos una querella por lesión al derecho del honor contra el medio de comunicación que publicó el estado de las cuentas bancarias de Brahim. El tiene intervenido 64 millones de pesetas (380.000 euros) en un banco de Luxemburgo y se la ha liberado otra cuenta con 3 millones de coronas suecas». El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó en 2002 el ingreso en prisión incondicional por pertenencia a banda armada de Ahmed Brahim, que al menos en dos ocasiones, la última de ellas en septiembre de 1998, alojó en su piso de Palma a un lugarteniente de Bin Laden. Se le acusa de haber suministrado los medios financieros para la comisión, en 1998, de los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.