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El Govern transferirá la propiedad de las 31 fincas públicas de la Comunitat Autònoma y el patrimonio de la Sociedad Diversitat 21 (valorado en 18 millones de euros) a la nueva Fundación Para el Desarrollo Sostenible de Balears, que se constituirá a finales de este año o a principios de 2004. Dicha entidad comercializará una «tarjeta verde» entre residentes y turistas que servirá para visitar los activos patrimoniales de la Comunitat, al tiempo que homologará un distintivo o «sello verde» para la comercialización de productos producidos por empresas asociadas. El Govern espera obtener fondos para la conservación de las fincas públicas, la reinversión y la autofinanciación de la Fundación mediante estas iniciativas. Así lo anunciaron ayer los consellers de Turisme, Joan Flaquer, de Economía, Lluís Ramis d'Ayreflor y Medi Ambient, Jaume Font, quienes precisaron que la nueva Fundación estará gestionada por «profesionales independientes», al margen de la coyuntura política.

Los patrones de la nueva entidad serán el Govern balear, Consells Insulars y las entidades financieras que quieran participar, aunque las aportaciones de unos y otros todavía no están concretadas. Los consellers no descartaron otras aportaciones privadas voluntarias. Flaquer indicó que el Govern pretende convertir Balears en un punto de referencia medioambiental a nivel europeo» y señaló que la Fundación «será su eje vertebrador». La Fundación gestionará y «pondrá en valor» toda la estructura patrimonial pública de Balears mediante los recursos generados por la comercialización de la «tarjeta verde». Esta tarjeta, además de ser vendida por agencias de viaje emisoras en los mercados, será comercializada en aeropuertos, hoteles, oficinas de información turística o en empresas de «rent a car» de las Islas, entre otras.

El conseller de Turisme destacó que propietarios de fincas privadas podrán adhersirse a esta iniciativa e incorporarse a la red, en cuyo caso la tarjeta sólo proporcionaría un descuento a los visitantes. El conseller de Turisme adelantó que se comercializarán tarjetas con diferentes periodos de vigencia y distintos precios para adaptarlas a las necesidades turistas y de residentes. La Fundación concederá un distintivo o «sello verde» a las empresas que quieran utilizarlo para comercializar sus productos, previo pago de un canon a la Fundación que se repercutirá en el precio. «Nuestros visitantes y residentes sabrán que comprando esos productos, contribuirán a una finalidad medioambiental», dijo Flaquer. Precisó que fijarán controles para que los productos cumplan condiciones medioambientales.