La inusitada expectación provocada en su momento por el
asesinato de Rocío Wanninkhof, el posterior de Sonia Carabantes, y
la reciente detención del presunto asesino de ambas, Anthony King,
dan pie a una reflexión sobre nuestro sistema judicial cuyo
objetivo último sería que no se repitieran ciertos errores que se
han dado en todo este asunto. En primer lugar debería analizarse la
conveniencia de que en determinados procesos se cuente con la
participación de un jurado popular.
Y en este sentido cabe decir que el que se siguió contra Dolores
Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof no parecía
precisamente idóneo para que en él se contara con un jurado de
estas características, admitida la relevancia social que el caso
alcanzó y que podía hacer sospechar desde el principio que a la
hora de dictar un veredicto se perseguiría más una venganza
inmediata que un acto de justicia.
La existencia de un imperativo legal que adscribe al juicio de
algunos delitos el concurso de un jurado debería revisarse a fin de
que el concurso de dicho jurado no se hiciera necesario en
determinados supuestos. Toda ley es susceptible de revisión y lo
deseable es que llegue a ser lo más perfecta posible, admitidas
siempre las humanas limitaciones. Anunciada desde el Gobierno la
futura reforma de la Ley del Jurado, entendemos que éste, amén de
otros, es el primer aspecto al que se tendría que atender.
Y conste que tampoco se puede dejar de tener presente, en el
caso al que nos referimos, que la condena que recayó sobre Dolores
Vázquez vino precedida de unas diligencias policiales, una
instrucción judicial y una acusación fiscal, que nadie podría
calificar de modélicas. Lo que en ningún momento fue óbice para que
un jurado popular ganoso de encontrar un culpable se inclinara por
la culpabilidad de quien al parecer no lo era.
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