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El ministro de Defensa, Federico Trillo, pasó por el trance de explicar ante el Congreso los pormenores del accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles en Turquía. Aunque en algo tenía razón, al pedir «prudencia» hasta que no se concluya la investigación y se conozcan sus conclusiones, lo cierto es que sus explicaciones apenas lograron convencer a nadie. Porque el ministro insistió en el buen estado del avión y en que nadie se había quejado del mal estado en que se realizaban esos viajes, cuando la verdad es que dos meses antes del accidente una diputada socialista había lanzado al Parlamento una pregunta al respecto que fue tratada con indiferencia.

Quizá sea cierto que las denuncias sobre el estado de los aviones no se formularan por el cauce debido, pero de todos es sabido que en el Ejército no está bien visto quejarse. Pese al silencio de los implicados, los servicios de inteligencia militar deberían haber detectado ese malestar, haciéndoselo llegar a las más altas instancias. Del mismo modo que ha ocurrido en otros países aliados, que ya han retirado sus contratos con la empresa ucraniana. De ahí que parte de la oposición haya pedido una comisión de investigación en el Congreso, tanto para aclarar las circunstancias del accidente como para proponer mejoras en el transporte de las tropas españolas en el futuro.

Y es ahí donde hay que hacer hincapié, pues sea cual sea la causa del siniestro -fallo humano o técnico-, lo urgente es garantizar la seguridad de nuestras tropas en el exterior, renunciando si fuera necesario a esas contratas que tantas dudas han levantado por la escasa credibilidad de los países ex soviéticos y de la extensa red de intermediarios implicados en este asunto.