El ministro de Defensa, Federico Trillo, pasó por el trance de
explicar ante el Congreso los pormenores del accidente aéreo que
costó la vida a 62 militares españoles en Turquía. Aunque en algo
tenía razón, al pedir «prudencia» hasta que no se concluya la
investigación y se conozcan sus conclusiones, lo cierto es que sus
explicaciones apenas lograron convencer a nadie. Porque el ministro
insistió en el buen estado del avión y en que nadie se había
quejado del mal estado en que se realizaban esos viajes, cuando la
verdad es que dos meses antes del accidente una diputada socialista
había lanzado al Parlamento una pregunta al respecto que fue
tratada con indiferencia.
Quizá sea cierto que las denuncias sobre el estado de los
aviones no se formularan por el cauce debido, pero de todos es
sabido que en el Ejército no está bien visto quejarse. Pese al
silencio de los implicados, los servicios de inteligencia militar
deberían haber detectado ese malestar, haciéndoselo llegar a las
más altas instancias. Del mismo modo que ha ocurrido en otros
países aliados, que ya han retirado sus contratos con la empresa
ucraniana. De ahí que parte de la oposición haya pedido una
comisión de investigación en el Congreso, tanto para aclarar las
circunstancias del accidente como para proponer mejoras en el
transporte de las tropas españolas en el futuro.
Y es ahí donde hay que hacer hincapié, pues sea cual sea la
causa del siniestro -fallo humano o técnico-, lo urgente es
garantizar la seguridad de nuestras tropas en el exterior,
renunciando si fuera necesario a esas contratas que tantas dudas
han levantado por la escasa credibilidad de los países ex
soviéticos y de la extensa red de intermediarios implicados en este
asunto.
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