La portavoz adjunta de la Oficina del Defensor del Pueblo, María
Luisa Cava de Llano, confirmó ayer a este diario que su
departamento ha remitido varias «sugerencias» al Ejecutivo autónomo
recordando que ser atendido por la Administración en castellano es
un derecho para quien así lo solicita.
La adjunta al Defensor del Pueblo califica de «salomónica» una
resolución adoptada en respuesta a la queja de un grupo de
funcionarios que interpretaron que una nota interna del Govern y
posteriores decretos suponían un veto a la utilización del
castellano.
Sin embargo, también pone especial énfasis en consignar que no
debería encargarse a personas que no conozcan el catalán a trabajos
de atención al público.
Según el director de Política Lingüística del Ejecutivo, Joan
Melià, la resolución del Defensor del Pueblo es «una obviedad» y lo
que hace es avalar la normativa que ya se utiliza en la
Administración.
La resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo señala que
las leyes y decretos del Govern cuestionados «se consideran acordes
con la Constitución» y que las medidas de impulso al catalán son
«loables» y exime de la exigencia del catalán al personal de la
Administración al que no se le exigió este requisito.
La «sugerencia», que no es vinculante, ha sido remitida a la
Conselleria de Presidència, quien ahora deberá adoptar las medidas
correspondientes. De lo declarado ayer por Joan Melià se desprende
que el Ejecutivo ya aplica esas sugerencias instadas por Enrique
Múgica.
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