Durante demasiado tiempo hemos contemplado atónitos -ayer mismo
un maltratador era detenido después de propinar una tremenda paliza
a su esposa en Palma y, tras prestar declaración, volvía a campar a
sus anchas por la calle- cómo delincuentes de toda clase entraban y
salían de comisaría con absoluta impunidad. Es cierto que la
solución a la delincuencia no es la cárcel en todos los casos, pero
se había llegado a un extremo en el que los propios agentes
policiales se quejaban de que poco servía su labor si tras llevar a
cabo una detención, ésta quedaba en agua de borrajas.
Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de 175
artículos del Código Penal y adoptó una serie de medidas que
pretenden atajar esta situación, destinadas especialmente a
controlar a los delincuentes habituales, a los maltratadores, a los
inmigrantes que cometen delitos y a los narcotraficantes.
Además, especialmente acertadas, se han aprobado condenas
ejemplares contra quienes cometan ablación, maltrato de animales,
violencia en el deporte o tráfico de seres humanos.
Algunos han querido ver en estas decisiones un regreso a la
época más dura del franquismo, aunque para la mayoría estas medidas
serán bienvenidas. Al menos en el papel, porque la práctica ya será
otra cosa. Pues todos sabemos que en los últimos años se ha echado
en falta un mayor número de agentes policiales en todas las grandes
ciudades y ahora, con la adopción de estas nuevas leyes, la
presencia policial será aún mucho más importante. ¿Cómo si no se
podrá garantizar que un maltratador cumpla la pena de alejamiento
de su víctima? Al final, en esto, como en casi todo, lo que hace
falta es una buena inyección de medios económicos, técnicos y
humanos y ahí es donde suele fallar el sistema.
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