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Los partidos políticos personados como acusación particular en el «caso Formentera», el supuesto delito electoral cometido por el anterior Govern del PP en las elecciones autonómicas de 1999, PSIB-PSOE, EU y PSM, solicitaron ayer al juez instructor que suspenda el plazo para presentar las preguntas a los testigos de Argentina y Uruguay hasta que no pronuncie el Consejo General del Poder Justicia (CGPJ) sobre la posibilidad de organizar una comisión rogatoria.

El magistrado Antoni Monserrat, que investiga la causa desde noviembre de 2001, dictó un auto para conceder diez días de plazo a las partes con el fin de que elaboren un listado de preguntas a los 72 ciudadanos argentinos empadronados en Formentera y que votaron en las pasadas elecciones autonómicas.

Las acusaciones particulares consideran de «gran importancia» la realización de esa diligencia, y por ello se han dirigido al juez para que deje sin efecto el auto hasta que se pronuncie el CGPJ sobre la posibilidad de organizar una comisión rogatoria hasta la ciudad argentina de Rosario.