El hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el
recurso presentado por el Gobierno central contra la subida de las
pensiones no contributivas aprobado por la Junta de Andalucía en el
año 1999 ha sido muy bien recibido por el Govern, tal y como
confirmó ayer el propio president Francesc Antich, al afirmar que
«parece que el Constitucional ha dado la razón a la Junta de
Andalucía en cuanto a las ayudas a los complementos dados a las
pensiones no contributivas, lo que quiere decir que los dos
recursos interpuestos contra el Govern también acabarán igual».
Y si es así, apuntó Antich «el Govern tenía toda la competencia
y la razón y no incumplía ningún precepto constitucional a la hora
de ayudar a la gente que tiene dificultades para poder llegar a fin
de mes» y añadió que debido a los recursos «el Govern cambió de
sistema e implantamos la tarjeta básica para poder ayudar a esta
gente que tanto lo necesita. Ni a nivel constitucional y por tanto,
tampoco a nivel competencial parecía muy lógico que todo un Estado
se opusiera a una iniciativa que era tan necesaria para gente que
lo pasa mal», apuntó Antich.
El president dijo que «una vez más, el Govern tiene la razón y
una vez más el Estado se ha equivocado en cuanto al recurso» y
explicó que cree que el Constitucional «que no es el Estado»
también dará la razón al Govern, puesto que «si el TC ya ha fallado
a favor de esta iniciativa, no sería lógico que con unos recursos
idénticos el fallo no fuera el mismo», comentó.
Antich se mostró crítico con el Ejecutivo central apuntando que
«he dicho en muchas ocasiones que, a la hora de darnos dinero, el
Gobierno central nos suele dar entre el 1 y el 2 por ciento del
presupuesto que distribuyen y a la hora de ponernos recursos de
inconstitucionalidad los últimos años nos tocaban aproximadamente
un 30 por ciento» y dijo que «a la hora de dar ayudas a las Islas,
nos tocaba un 2 por ciento como máximo y a la hora de repartirnos
palos, alrededor de un 30 por ciento», lo que según el president,
deja clara «cuál ha sido la actitud del Gobierno del Estado con
respecto al Govern balear».
«No se entiende que todo un Gobierno del Estado recurra una
cuestión como ésta, que es la de ayudar a una gente que lo
necesita, pero tampoco no se entiende que recurra la Llei de
Consells Insulars, cuando se trata de una herramienta de
organización interna de una comunidad autónoma, sin hablar de otras
cuestiones como la Llei de Comerç o la ecotasa», dijo el
president.
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