El Tribunal Supremo ha dado la razón a los vecinos del barrio de Son Anglada, situado junto a las barriadas de Son Roca y Son Roqueta, en el litigio que desde hace años mantienen con los propietarios de la chatarrería Adalmo S.A., situada en zona rústica.
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso de casación interpuesto por Adalmo, en desacuerdo con una sentencia previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que también estimaba los argumentos de los vecinos, defendidos por el abogado José Ignacio Mir.
«La decisión del Supremo nos permitirá recuperar 7.000 metros cuadrados, una vez que el Ajuntament de Palma haga cumplir la orden judicial», dijo el presidente de la Asociación de Vecinos Ses Cases de Son Anglada, José Oliver, en la rueda de prensa que convocó junto a otros directivos vecinales en el despacho de Mir.
La historia del conflicto se remonta a 1972, año en que Adalmo se instaló «clandestinamente», según los vecinos, en la zona. A partir de ese momento, se sucedieron repetidas denuncias a la Policía Local debido a que la instalación ocupaba terrenos situados en suelo rústico, donde no está permitido la actividad industrial.
Los vecinos definen la actividad desarrollada por Adalmo como «molesta, insalubre, nociva y peligrosa, contaminante del aire y el subsuelo, que quema residuos por la noche y de madrugada, provocando humos irritantes y algunos incendios incontrolados que obligan a la actuación de los bomberos».
Según explicó Oliver, «Adalmo no cuenta ni con licencia de instalación ni de funcionamiento, ya que el Tribunal Supremo estimó en 1996 un recurso de casación interpuesto por nosotros, declarando que la licencia de instalación concedida por el Ajuntament es nula».
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