Nuevamente la mayoría absoluta de que disfruta el Partido
Popular en el Congreso le ha permitido sacar adelante prácticamente
en solitario una importante iniciativa que nos afectará a todos de
forma palpable en el futuro. Se trata de la discutida Ley de
Calidad de la Enseñanza que diseñará el modelo educativo por el que
se regirá nuestro país en adelante, siempre que el PP siga
gobernando.
Porque en asuntos de este calado, los que se suelen llaman de
interés general, corren así el riesgo de permanecer en pie mientras
dure el Gobierno que los sustenta y caer roto en mil añicos en
cuanto la oposición alcance el poder. Lo cual, desde luego,
resultaría nefasto no para los políticos, sino para los escolares
que, a la postre, serán quienes decidan cómo va a ser este país
cuando dejen de ser niños y adolescentes para convertirse en
jóvenes y adultos.
Que en toda Europa y en Estados Unidos las cifras de fracaso
escolar son tan escandalosas como aquí es algo conocido. Y que la
tan cacareada LOGSE que impuso el socialismo español ha sido un
fracaso en muchos aspectos, lo admiten incluso ellos. La urgencia
de reformar el sistema la reclamaba la sociedad entera. Y de ahí la
necesidad de buscar el consenso, el acuerdo, el tira y afloja tan
útiles en política para alcanzar una ley que satisfaga a todos los
partidos y, por ende, a todos los ciudadanos. Se ha perdido esa
oportunidad y se han impuesto las tesis de un Gobierno que ha sido
criticado por ello y al que estudiantes, profesores y sindicatos le
han contestado en la calle. No es bueno gobernar en contra de
muchos, aunque a uno le respalde una holgada mayoría y más cuando
las competencias en esta materia están transferidas a las
comunidades.
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