El «caso Formentera», la supuesta trama de captación irregular de
votos organizada, al parecer, por el PP para ganar las elecciones
en esa isla en 1999, acabará en la Audiencia Nacional si en el
transcurso de las diligencias que debe desarrollar el juez
instructor, Antoni Monserrat, se imputa a los agentes consulares en
Argentina. Si se intuye la posibilidad de que hubo delito en la
inscripción de 74 ciudadanos argentinos con raíces baleares,
entonces, la competencia pasaría de forma automática al juzgado
central.
De hecho, el juez de instrucción de la Sala número 2, que fue el
primero en investigar si se inscribió de forma improcedente a 74
argentinos en el censo electoral de Formentera, se inhibió en el
año 2000 ante la Audiencia Nacional de Madrid, al entender que «el
delito era competencia de esa instancia». El juez basaba la
petición de transferencia de competencias en que el delito se
cometió fuera de las Illes Balears y que por ello no puede ser
juzgado en el archipiélago.
El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares recurrieron
el auto de inhibición del juez, y fue la Audiencia Provincial de
Palma la que resolvió que el asunto debería sustanciarse en los
tribunales de Balears. En las Islas solamente se pueden instruir
los delitos que se hayan cometido en el archipiélago, por lo que si
se demuestra que se ha cometido en otro sitio, como puede ser
Argentina o en un consulado, la competencia ya no es de Balears
sino que pasaría inmediatamente al juzgado central.
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