Las cámaras de comercio de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria,
Ceuta, Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera se reunieron ayer en
Palma para analizar todos los extracostes que genera el hecho
insular y periférico y exigir, en consecuencia, al Gobierno central
la reducción de tasas, entre ellas las de mercancías, «porque
entendemos que generan un sobrecoste que supone un agravio
comparativo respecto al resto de España», indicaban ayer sus
presidentes en la sede de la Cámara de Comercio de Mallorca,
Eivissa y Formentera.
El presidente de la Cámara de Tenerife, Ignacio González,
explicó que el objetivo común es presionar para que las autoridades
estatales y autonómicas asuman su responsabilidad de «compensar los
perjuicios ocasionados por la lejanía de las islas y las ciudades
autónomas españolas». José Miguel Suárez, presidente de Cámara de
Comercio de Las Palmas, destacó «la situación de injusticia que
ocasionan las tasas portuarias a los ciudadanos canarios, balears,
ceutíes y melillenses».
El presidente de la entidad cameral de Ceuta, Luis Moreno,
apuntó que sus 78.000 conciudadanos reciben todas los productos que
consumen por vía marítima, mientras que el secretario general de la
Cámara de Comercio de Menorca, Pedro Monjo, aclaró que no se
reclama «un trato de privilegio sino la igualdad entre los
ciudadanos del Estado». La reunión se centró, por motivos de
agenda, sobre el transporte de mercancías, pero también se
abordaron de forma puntual los problemas derivados de la
insularidad en el abastecimiento de energía, transporte aéreo y
comercio minorista.
Miquel Lladó, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca,
Eivissa-Formentera, centró su intervención en los problemas
existentes en el transporte de mercancías por vía marítima, «que
suponen un lastre para la competitividad empresarial debido al
diferencial entre el tráfico por carretera propio de la península y
el uso del transporte marítimo, imprescindible en los territorios
extrapeninsulares».
Lladó, tras analizar la evolución de costes, afirmó:
«Solicitaremos que se compensen estos factores discriminatorios,
máxime una vez ratificada la propuesta de eliminación de la T-3 por
las direcciones de las cámaras insulares y periféricas, que se
trasladará al Gobierno central, los ejecutivos autonómicos y las
diferentes fuerzas políticas».
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