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En la errática política puesta en juego por el Gobierno español en lo que concierne a la inmigración, se diría que desde Madrid pretenden ver ahora un punto de luz, una posible solución al problema, en esa propuesta europea de control del Estrecho en la que participarían varios países además del nuestro. Pero el problema es mucho mayor y va más allá, como ya se ha demostrado, de una cuestión de simple vigilancia. Y un dato al respecto resulta suficientemente significativo. Desde que en el pasado mes de agosto nuestro Ministerio del Interior anunció pomposamente la puesta en marcha del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el número de inmigrantes que han logrado alcanzar las costas de Cádiz ha aumentado un 25% en relación al mismo período del año anterior. El SIVE no cumple, pues, con los objetivos propuestos y, por añadidura, está requiriendo una inversión muy superior a la prevista. La ineficacia del sistema y, en conjunto, la política del Gobierno, no hacen sino corroborar que la más absoluta desorientación es norma en el tema de la inmigración. Los inmigrantes que llegan a España lo hacen desde países y áreas muy concretas, lo que en principio permitiría abordar más fácilmente la cuestión. Pero claro, si empezamos por advertir que con Marruecos, el país que genera más inmigración hacia nosotros, las relaciones son prácticamente inexistentes, las cosas se complican. Urge enfocar el asunto de una forma integral, tratando el problema de raíz, y eso es algo que pasa básicamente por impulsar programas de desarrollo e inversión en los países desde los que nos llegan los inmigrantes. Naturalmente que sólo eso no es la clave de la solución del problema, pero desde luego pasa indiscutiblemente por ahí. No se trata de impedir que entren, sino de conseguir que no tengan necesidad de emigrar de sus lugares de origen. Y cualquier plan que no incluya esta premisa, parece inexorablemente condenado a fomentar mayor desorientación y más ineficacia.