Un total de cuatro sentencias dictadas por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Balears (TSJB) han dado la razón a los empresarios del sector de
gasolineras en Balears en los recursos que han presentado en contra
de las actas de infracción abiertas por inspectores del Govern.
Pese a que ha quedado demostrada la comisión de diversas
irregularidades en los surtidores de distintas estaciones de
servicio de Palma, las sentencias, de las que fue ponente el
magistrado Antoni Monserrat, inciden en que «cabe la estimación del
recurso por atipicidad sobrevenida y por prescripción».
Las empresas Mayca Petróleos, Matas y Campins Suministros S.A.,
ambas defendidas por el abogado Antoni Diéguez, recurrieron con
éxito sendas sanciones impuestas por el Govern tras inspecciones
realizadas en cuatro estaciones de servicio entre 1998 y 1999. Un
particular denunció el supuesto fraude en esos puntos de venta de
gasolina, en el contexto de una campaña a nivel nacional.
Algunas de las irregularidades comprobadas por los inspectores
de la Conselleria d'Sanitat i Consum fueron la constatación de que
tres mangueras de una de las estaciones suministraban menos
combustible del que señalaban sus respectivos contadores. También,
en otra estación de servicio, se constató que el aparato surtidor
número 214, marca Droher 2T, para la dispensación de mezcla,
ofreció un promedio de mediciones superior al legalmente
autorizado, y se requirió a la empresa para que dejara fuera de
servicio dicho aparato surtidor.
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