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El Consejo de Ministros tiene previsto en su reunión de hoy aprobar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Paridad de Balears, la normativa que obliga a los partidos políticos a incluir un 50 por ciento de mujeres en sus candidaturas autonómicas. El Consejo de Ministros, que también recurrirá una ley similar aprobada por el Parlamento de Castilla"La Mancha, dispone de informes jurídicos que cuestionan la constitucionalidad de uno de los proyectos estrella del gabinete que preside Francesc Antich. Una vez presentado el recurso, el Tribunal Constitucional tiene 5 meses para pronunciarse sobre la Ley de Paridad.

Durante este tiempo el Constitucional decidirá si mantienen la suspensión o, por el contrario, la levanta, tal y como ya ocurrió con la Ley de Consells o la ecotasa. En ambos caso el Tribunal Constitucional permitió que las dos leyes pudiesen entrar en vigor en Balears hasta que se dictase una sentencia definitiva. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico ven más difícil que el Tribunal Constitucional pueda levantar la suspensión de la Ley de Paridad antes de las próximas elecciones autonómicas.

La decisión del Consejo de Ministros era esperada por el Govern, que tenía constancia oficial de que el día 3 de octubre finalizaba el plazo reglamentario para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Hasta el momento el Gobierno central no había comunicado al Govern su intención de recurrir la Ley de Paridad.

En cualquier caso, el Ejecutivo balear ha defendido plenamente la legalidad de la Ley de Paridad y durante los distintos debates parlamentarios las fuerzas del Pacte de Progrés han argumentado que una ley similar fue aprobada en Francia con informes favorables de los juristas. El PP precisó al respecto que Francia tuvo que modificar su Constitución para poder introducir la paridad.

El PP balear, a través de la diputada Mabel Cabrer, ha denunciado desde el primer día que la Ley de Paridad es inconstitucionalidad porque no puede obligarse a ningún partido a que presente una candidatura con la mitad de la lista formada por mujeres. El PP entiende que, con esta ley, ninguna formación política podría, por ejemplo, presentar una lista formada en su totalidad por mujeres.