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C. MARQUÉS/N. DOMBLÀS El presidente del Gobierno lanzó ayer una seria advertencia a los dirigentes de Batasuna: «Se acabó el santuario institucional». «No les vamos a dar ni un minuto, ni un segundo de respiro», afirmó Aznar unas horas antes de que dé comienzo el pleno del Congreso para la ilegalización de Batasuna. Aznar precisó que esta lucha contra el terrorismo partirá tanto del Gobierno como de los partidos democráticos y de la Audiencia Nacional. En el juego democrático no pueden estar «los que llevan pistolas», aseguró el presidente, quien lamentó los momentos trágicos vividos durante este verano.

Frente a quienes critican que el Congreso no es el lugar para promover la ilegalización, Aznar opinó lo contrario y consideró que el órgano que representa la soberanía nacional tiene la «obligación moral» de defender la democracia. Para el presidente, la voluntad de que las libertades individuales sigan existiendo debe ser proclamada por el órgano democrático por excelencia. José María Aznar también tuvo palabras de crítica para el PNV. Negó que la ley de partidos persiga ideas y emplazó a los nacionalistas a que sitúen los principios democráticos «y los principios morales» por encima de su ideología nacionalista. En caso contrario, consideró que demostrarán que dejan a un lado, en un segundo plano, los valores fundamentales «incluido el de la vida de las personas».

«Quienes en su día pactaron con la banda terrorista no quieren terminar con aquella deriva totalitaria», lamentó el presidente, quien consideró una excusa decir que la ley de partidos ilegaliza ideas. Aznar sentenció que esto es «completamente falso». «A partir del lunes comienza el final de la cuenta atrás», afirmó el presidente ante los militantes del PP. José María Aznar reconoció que la lucha contra Batasuna no acabará de inmediato, pero también señaló que tiene la certeza de que, a partir de este momento, lo van a tener mucho más difícil. Para Aznar, los partidos democráticos tienen el derecho y el deber de defender la democracia, la libertad, la convivencia y el Estado de Derecho y de exigir que queden fuera de la ley «quienes se aprovechan del terrorismo».