Los representantes de Unió Mallorquina y de Els Verds alcanzaron un
principio de acuerdo sobre el proyecto de ley de impacto ambiental,
que podría incluso recibir el visto bueno del Consell de Govern en
la reunión de este viernes, la última antes de las vacaciones de
verano. Los representantes de ambos partidos mantuvieron una
decisiva reunión el pasado lunes para tratar de limar los
desencuentros entre ambos partidos, que impedían la aprobación del
proyecto de ley. El partido que preside Maria Antònia Munar no
estaba de acuerdo con la constitución de una sola Comissió Balear
de Medi Ambient, que sería el organismo responsable de analizar los
estudios de impacto ambiental.
UM defendía crear tres subcomisiones para que, igual que ya
sucede en el País Vasco, cada una de ellas se encargue de realizar
los estudios de impacto de cada una de las islas. Estas tres
subcomisiones no serían organismos dependientes de los respectivos
consells insulars, sino que su control seguiría estando en manos de
la Conselleria de Medi Ambient.
El otro punto de discrepancia entre los dos partidos del Pacte
es el referido a qué hacer en caso de discrepancia. En caso de que
un informe de impacto ambiental sea discrepante con la opinión de
la institución que debe dar el visto bueno, la decisión última
queda en manos del órgano superior. Si se trata de una obra que
debe realizar algún Ministerio, la última palabra estará en manos
del Consejo de Ministros, de la misma forma que si el proyecto es
de una Conselleria, la decisión última quedará en manos del Consell
de Govern.
El texto inicial de la ley decía que, en caso de que haya
discrepancia en cualquier proyecto que emprendan los consells, la
decisión definitiva quedaba en manos del pleno de la institución.
Sin embargo, Unió Mallorquina no estaba de acuerdo con esta
propuesta y consideraba que la última palabra debía estar en manos
del Consell Executiu, y no en manos del pleno. El proyecto de ley
de impacto ambiental obligará, cuando haya sido aprobado por el
Parlament, a que todos los planes, proyectos y programas vayan
acompañados de un estudio previo de impacto ambiental. El proyecto
faculta además al Govern a realizar encuestas entre los ciudadanos
para calibrar el impacto social de algunas instalaciones.
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