El Govern balear ha solicitado informes jurídicos para denunciar a
la Delegación del Gobierno por incumplimiento de la Ley de
Extranjería a causa de los retrasos de hasta un año que se producen
en la renovación de los permisos de residencia de los trabajadores
inmigrantes.
Según explicó a este diario el director general de Benestar
Social, Antoni Sancho, la Ley de Extranjería fija un plazo de tres
meses para la renovación de los permisos de residencia. Expirado
este plazo, el «silencio administrativo» favorece al ciudadano, que
obtendría de manera automática la renovación.
No obstante, Sancho señala que el problema grave se produce en
el momento de pedir el alta a la Seguridad Social, organismo que
exige a tal efecto un certificado de silencio administrativo
expedido por la Delegación del Gobierno.
El director general del departamento de Fernanda Caro explica
que al llegar a este punto se entra en un círculo vicioso ya que el
certificado llega a una administración que ya lleva retraso en la
expedición de una solicitud previa, la del permiso de
residencia.
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