Nuevamente el juez Baltasar Garzón ha conseguido la notoriedad
que tanto le gusta con un auto tan polémico como aplaudido.
Adelantándose a las consecuencias que podría tener la Ley de
Partidos promulgada por el Gobierno, el famoso magistrado de la
Audiencia Nacional ha decidido embargar los bienes de Batasuna para
cubrir las responsabilidades civiles que se derivan de los
destrozos de la kale borroka que protagonizan jóvenes
incontrolados.
Y ahí es precisamente donde está el problema, en establecer
relaciones jurídicas entre estas bandas juveniles que actúan de
forma violenta, algunas por su cuenta, otras bajo las siglas de
Segi "organismo alegal", y la coalición abertzale, que ya ha
anunciado que no va a pagar los 24 millones de euros que Garzón le
exige para eludir el embargo.
El juez asegura que todos los organismos abertzales están
imbricados en la misma red y por eso actúa contra la cabeza
visible, a pesar de que dichos lazos son muy difíciles de demostrar
en la práctica, lo que puede conducir "no sería la primera vez" a
que otro juez invalide su decisión.
Pese a ello, la mayoría de partidos políticos y asociaciones de
magistrados se han mostrado a favor de la medida, en cuanto viene a
poner límites a una situación intolerable, como era la constante
agresión sin que nunca hubiera detenidos ni culpables. Quizás ahora
algunos se lo piensen dos veces antes de incendiar un autobús o
destrozar un cajero automático, como sucede cada fin de semana en
casi todos los municipios vascos, amedrentando a la población. Hay
incluso quien aplaude la idea porque viene a confirmar que nuestro
Código Penal se basta solo para ilegalizar a quienes cometen
delitos, lo que haría innecesaria la Ley de Partidos.
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