El Govern ha decidido dejar finalmente en manos de los consells el
reparto de las 24.400 nuevas viviendas que se podrán construir en
los próximos cuatro años. La ley, de la que Ultima
Hora ha ido informando exhaustivamente en las últimas
semanas, deja en los Planes Territoriales Insulares (PTI) la
decisión sobre el reparto territorial y espacial de las viviendas.
Sin embargo, incorpora una disposición muy importante: hasta que el
PTI no esté aprobado, se faculta a las instituciones insulares a
que hagan el reparto por adelantado.
Las 24.400 nuevas viviendas representan un crecimiento del 4 por
ciento en cuatro años, ya que se pretende modular el crecimiento
por cuatrienios de forma que el consell podrá autorizar a los
ayuntamientos a que den licencias a cuenta del crecimiento de otros
años. Una de las cuestiones de más trascendencia desde un punto de
vista de ordenación del territorio es que el cupo de 24.400 nuevas
viviendas incluye las que se puedan construir en suelo rústico, de
forma que cada licencia en rústico que otorgue un ayuntamiento
deberá detraerse del total que le adjudique el consell. La ley
también permite a los consells que apliquen un mayor crecimiento en
el interior que en la costa.
De las 24.400 nuevas licencias quedan exceptuadas las de
protección oficial, los procesos de reconversión que fijan los
planes territoriales y la rehabilitación de viviendas. Como
anécdota, también quedan fuera las conventos, colegios mayores y
las residencias de ancianos. El conseller Francesc Quetglas
aseguró, en cualquier caso, que se trata de una ley de tope máximo
y calculó que, al menos el diez por ciento de las licencias,
caducarán porque no llegarán a construirse.
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