La Audiencia Provincial de Palma ha decidido revocar el archivo
del «caso Bitel» y el envío de las actuaciones al Tribunal Supremo,
al entender que el ex president Jaume Matas "hoy ministro y, por
tanto, aforado" debe comparecer ante el alto tribunal "como
imputado" para explicar su presunta participación en el polémico
asunto de espionaje político a un dirigente socialista a través de
Internet.
Como ocurriera en el «caso Formentera», el tribunal no dispone
de pruebas inculpatorias contra Matas, sino de indicios. Los
magistrados no acusan al ex president pero desean que declare y la
única forma de conseguirlo es que lo haga como imputado, para
garantizar su derecho de defensa.
Es cierto, como dicen los jueces de la Audiencia Provincial, que
hay algunos puntos oscuros en este supuesto caso de espionaje que
pueden implicar a Matas, pero los hay que son exculpatorios, como
así lo entendió el juez de Instrucción que archivó el caso.
Veamos tres indicios a su favor. Primero: Parece absurdo pensar
que Matas ordenase la realización de un espionaje desde un
ordenador del Consolat. Si se iba a cometer un acto delictivo, lo
lógico es que se hubiese hecho en otro edificio más discreto.
Segundo: ¿A quién se le ocurriría sacar a relucir en el Parlament
un documento obtenido de modo fraudulento? Tercero: Una vez
perdidas las elecciones, y antes de desalojar el despacho oficial,
lo normal hubiese sido suprimir el redireccionamiento ilegal del
correo electrónico y no dejar ninguna prueba acusatoria. Pero no se
hizo nada y el presunto espionaje se mantuvo hasta marzo de 2000,
cuando ya gobernaba el Pacte.
Hay, pues, dudas, pero en ambos sentidos. El Tribunal Supremo
tendrá la última palabra.
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