TW
0

La Audiencia Provincial de Palma ha decidido revocar el archivo del «caso Bitel» y el envío de las actuaciones al Tribunal Supremo, al entender que el ex president Jaume Matas "hoy ministro y, por tanto, aforado" debe comparecer ante el alto tribunal "como imputado" para explicar su presunta participación en el polémico asunto de espionaje político a un dirigente socialista a través de Internet.

Como ocurriera en el «caso Formentera», el tribunal no dispone de pruebas inculpatorias contra Matas, sino de indicios. Los magistrados no acusan al ex president pero desean que declare y la única forma de conseguirlo es que lo haga como imputado, para garantizar su derecho de defensa.

Es cierto, como dicen los jueces de la Audiencia Provincial, que hay algunos puntos oscuros en este supuesto caso de espionaje que pueden implicar a Matas, pero los hay que son exculpatorios, como así lo entendió el juez de Instrucción que archivó el caso.

Veamos tres indicios a su favor. Primero: Parece absurdo pensar que Matas ordenase la realización de un espionaje desde un ordenador del Consolat. Si se iba a cometer un acto delictivo, lo lógico es que se hubiese hecho en otro edificio más discreto. Segundo: ¿A quién se le ocurriría sacar a relucir en el Parlament un documento obtenido de modo fraudulento? Tercero: Una vez perdidas las elecciones, y antes de desalojar el despacho oficial, lo normal hubiese sido suprimir el redireccionamiento ilegal del correo electrónico y no dejar ninguna prueba acusatoria. Pero no se hizo nada y el presunto espionaje se mantuvo hasta marzo de 2000, cuando ya gobernaba el Pacte.

Hay, pues, dudas, pero en ambos sentidos. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra.