Fernanda Caro, consellera de Benestar Social, presentó ayer el
balance de las actuaciones realizadas por el Govern balear en
virtud de la aplicación del Pla d'Atenció als Immigrants, que
precisó en 2001 de una inversión de casi 3 millones de euros. La
consellera afirmó que «el mayor problema que siguen teniendo los
inmigrantes es su regularización. Esto demuestra que la reforma de
la Ley de Extranjería no está dirigida a dar soluciones, sino que
impulsa la marginación y situaciones de irregularidad. Es urgente
la derogación de algunos aspectos de esta ley».
En el desarrollo del plan del Govern, destacó dos campañas de
empadronamiento, la rebaja de exigencia mínima de residencia en dos
años para poder acceder a un piso de protección oficial y el acceso
de 50 personas a una vivienda «gracias a la mediación del Institut
Balear d'Afers Socials entre la propiedad privada y el demandante».
Asimismo, indicó que, respecto a la renta mínima, «se pasó de 122
personas que en 2000 recibieron las prestaciones básicas a 480 en
2001». En cuanto a la formación, con un presupuesto de casi 600
millones de pesetas, se han realizado 47 actuaciones específicas
para la integración de los colectivos con riesgo de exclusión del
mercado de trabajo.
Como objetivo que se materializará este año, Toni Sancho,
director general de Planificación, planteó la creación del
Observatorio Social, «con el objetivo de tener el pulso de todos
los sectores de servicios sociales a nivel de vivienda, casas de
acogida, listas de espera, etc. En el caso de los inmigrantes, se
registrarán su número, cuántos disponen de permiso de trabajo,
edades, entre otros aspectos». Por último, y según el informe
presentado por Fernanda Caro, el 13 por ciento de las demandas
presentadas en las oficinas de atención a víctimas de delito fueron
presentadas por extranjeros, y fueron principalmente peticiones de
asistencia por violencia doméstica y consultas generales. Caro
afirmó que «existe un cierto rechazo hacia el inmigrante, pero
estamos trabajando mucho para facilitar la convivencia y reducir
las reacciones xenófobas».
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