JAVIER RODRÍGUEZ26/03/02 0:00
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La intención de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de aprobar un decreto que evite el «minifundismo» en las fincas agrícolas y que establece los requisitos que deben cumplir para construir en ellas ha sido recibida con división de opiniones por parte del sector. Así, el secretario general de Asaja-Balears, Gabriel Company, destacó positivamente la filosofía de la norma que ya apuntó Morro de «favorecer a la agricultura» aunque criticó duramente que el texto «no solventa los principales problemas del sector». En este sentido Company se quejó del «exceso de burocracia» que se necesita para obtener la licencia de construcción «aunque sea de una casa de aperos» y aseguró que el plazo de espera puede ser de tres o cuatro meses «si el informe de la conselleria es positivo» o de un año o año y medio «si es negativo y tienes que ir al Consell Insular a pedir el Interés General».

En lo referido a las unidad mínima de cultivo, que impide que las nuevas fincas tengan menos de una superficie determinada, el secretario general de Asaja aseguró que tienen que hacer más consultas jurídicas pero destacó que su primera impresión es que la norma es inconstitucional «ya que un decreto autonómico no puede impedir que un payés parta su finca como quiera en su herencia». Company, que presentará las alegaciones de su asociación durante el próximo Consell Agrari del 4 de abril, criticó, asimismo, que el texto mezcle temas urbanísticos con medidas para evitar la disgregación.

En los mismos términos se manifestó el portavoz del PP para agricultura, Josep Juan Cardona, quien destacó la «contradicción» que supone no permitir la segregación y posteriormente exigir un número determinado de metros para construir. «La normativa mezcla las cosas y el no hacerla estrictamente agraria, metiendo normas urbanísticas, lleva a confusión». Por su parte Joan Mas, de Unió de Pagesos calificó el texto de «acertadísimo» ya que impide «que se aproveche la agricultura para hacer especulación urbanística». Asimismo, agradeció que se habiliten mecanismo para que el suelo «recupere el valor agrario».